Impuestos al carbono
Muchas empresas por más modulos solares que quieran instalar, emiten dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, por lo que se ha llegado a un acuerdo entre los países comprometidos con las acciones contra el cambio climático, como los que integran el Protocolo de Kioto.
A pesar de que muchas personas en el mundo han implementado paneles en sus hogares, lo que más emiten este tipo de gases es la actividad industrial. El impuesto sobre el carbono es un impuesto medioambiental que pretende reducir su expulsión a la atmósfera. Este impuesto desalienta las emisiones de contaminantes, haciendo pagar a los contaminadores en proporción a sus emisiones.
El impacto del impuesto sobre los productos finales aumenta sus precios en proporción a las emisiones que ha provocado su producción, promoviendo el consumo de los productos que hayan inducido menos emisiones de este gas. Un aumento gradual y planificado del impuesto puede ayudar a orientar las inversiones a largo plazo, dejando tiempo suficiente a los consumidores y a las empresas para adaptarse.
La introducción del impuesto se destina para promover actividades, servicios o productos que consuman menos energía, así como fomentar el ahorro energético donde el consumo de energía como en las zonas urbanas. Asimismo, es una manera indirecta de impulsar otros métodos de generación de energía como los renovables, la fusión nuclear entre otros.
Las partes interesadas y sus representantes políticos no gustan del impuesto, sobre todo si este es elevado, creando fuerzas políticas que intentan evitarlo. Así, algunos países como Suecia han previsto rebajas, que reducen la eficiencia del impuesto, pero que pueden contribuir a su aceptación.
Cuando el objetivo no es una ampliación de impuestos adicionales, se puede hacer una redistribución de los ingresos del impuesto. El equilibrio conseguido con la posible redistribución depende del resultado de la negociación política y constituye uno de los elementos de su aceptación.
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